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Viernes 23 de octubre de 2026
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Exportadores bolivianos exigen a Chile resarcimiento por madera incautada

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La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) mantendrá las acciones legales contra Chile por la incautación y destrucción de madera boliviana, y reclamará una compensación económica superior a los 50 millones de dólares por los daños atribuidos al caso, informó su presidente, Oswaldo Barriga.

El sector espera una sentencia de la justicia chilena para definir los siguientes pasos y no descarta acudir a instancias internacionales. Barriga también solicitó al presidente Rodrigo Paz incorporar el conflicto a la agenda bilateral y abordar el tema con su homólogo chileno, José Antonio Kast.

Daños al sector forestal

El dirigente cuestionó que parte del cargamento fuera incinerado antes de que concluyera el proceso judicial. A su juicio, la destrucción de la mercancía sin una sentencia definitiva agravó el perjuicio para las empresas afectadas.

El caso se remonta a junio, cuando Chile anunció la incautación de más de 100 toneladas de madera boliviana presuntamente impregnada con drogas. Sin embargo, análisis independientes reportaron que el cargamento no contenía sustancias controladas.

La posterior quema de la madera provocó reclamos de exportadores y empresarios bolivianos, quienes cuestionaron la eliminación de material que consideraban relevante para esclarecer el caso.

Reclamo diplomático

Barriga estimó que las pérdidas superan los 50 millones de dólares, al considerar el valor de la carga, los efectos comerciales y las consecuencias para las empresas. También advirtió que el impacto alcanzó al conjunto del sector forestal, incluida su capacidad para movilizar mercancías en el comercio internacional.

El presidente de Caneb pidió a Rodrigo Paz reunirse con los representantes del sector antes de la visita de Kast a Bolivia. Considera que el Gobierno debe exigir explicaciones a Chile y gestionar una reparación económica y diplomática.

La organización mantendrá su reclamo mientras espera una resolución judicial que permita determinar las acciones posteriores. Barriga calificó el episodio como una agresión al Estado boliviano y cuestionó el efecto de las informaciones que vincularon las exportaciones del país con el tráfico de drogas.

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